Ministro Longueira: "En este proyecto de ley de pesca queremos que prime el criterio científico por sobre los actores"
Ayer lunes 25 de junio, el ministro de Economía, Pablo Longueira, realizó un desayuno con la prensa para explicar en extenso los alcances del proyecto de Ley de Pesca que actualmente se discute en el Congreso y que debiera estar aprobado a fines de este año, fecha que en caduca la ley corta o de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).
En la reunión, donde también estuvieron presentes el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y el director nacional del Sernapesca, Juan Luis Ansoleaga, el secretario de Estado se refirió a la historia del sector pesquero chileno, donde abordó la sobreexplotación de los recursos e hizo una caracterización del sector artesanal e industrial. Asimismo, dio las razones de por qué es necesario legislar y mencionó los principales contenidos del proyecto de ley.
Respecto de por qué es necesario legislar, Longueira fue enfático al decir que es primordial velar por la sustentabilidad de los recursos pesqueros y en ese sentido es necesario resolver los problemas permanentes y crecientes de los recursos pesqueros sobreexplotados y en colapso. Asimismo, dijo que se debe dar sustentabilidad en el largo plazo a la actividad pesquera, preservar el oficio de la pesca artesanal y la industria pesquera, así como se debe dar prioridad a la ciencia en el proceso de toma de decisión de medidas de administración, tales como cuotas globales y vedas.
En cuanto a las principales consecuencias de no legislar, mencionó el deterioro y eventual colapso de los recursos pesquero, el estancamiento y riesgo de desaparición de la actividad económica industrial y artesanal, el desempleo regional, la desocupación del borde costero y la pérdida cultural. Asimismo, expresó que sería un error mantener una regulación inadecuada a la realidad del sector artesanal que es altamente heterogéneo en términos productivos y socioeconómicos, desde pequeños boteros a semiindustriales. Otra de las desventajas de no legislar es el regreso a la carrera olímpica, con todo lo que ella implica. De ser así, una vez que expire la LMCA, el 31 de diciembre de este año, y de aplicarse la carrera olímpica, cada armador artesanal o industrial tratará de pescar el máximo de toneladas en el mínimo tiempo posible, antes de que se termine la cuota global. Ello genera sobreinversión, empleo temporal e inestable y una pesca de inferior calidad.
"Prorrogar la ley corta por dos años más está totalmente descartado. Es por eso que hoy estamos haciendo un gran esfuerzo. Si la ley dura dos años más nadie va a querer invertir y al país no le conviene que sigamos con la actual ley", subrayó el ministro.
Principales contenidos del proyecto de ley
El ministro Pablo Longueira explicó que en el proyecto de ley de pesca que actualmente se discute en el Congreso el eje central es la sustenabilidad. Es por ello que se incorpora el concepto de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) como objetivo de la administración pesquera (recomendación FAO y UE). En este sentido, la autoridad debe tomar medidas para llevar o mantener las pesquerías a su nivel de RMS, establecer planes de manejo y programas de recuperación e informar anualmente el estado de las pesquerías.
El RMS es la máxima captura que se puede obtener de un stock de biomasa en forma permanente en el tiempo. Asimismo, es un objetivo de manejo pesquero que está incorporado en la legislación de los principales países pesqueros (Nueva Zelandia, Islandia, Noruega).
El secretario de Estado fue enfático al decir que en el proceso de toma de decisiones debe primar la ciencia. De esta manera, se modifica el proceso de fijación de cuotas limitando las facultades de la autoridad. De esta manera, la autoridad debe fijar cuotas que no alejen a una pesquería de su nivel RMS y se le quitan las facultades resolutivas al Consejo Nacional de Pesca por ser actor interesado.
"En este proyecto de ley queremos que prime el criterio científico por sobre los actores, porque hoy tenemos toda la institucionalidad a cargo de los actores y los políticos", criticó el ministro.
Explicó que en el proceso de toma de decisiones se crean once Comités Científicos (CC), los cuales se crean por ley y reciben financiamiento de la Subpesca, donde los miembros se eligen por concurso público. Las principales tareas de los CC son definir el rango dentro del que la autoridad fija la cuota (+- 10%); definir parámetros biológicos para evaluar el estado de las pesquerías ("puntos biológicos de referencia"); determinar el estado de situación de las pesquerías: subexplotada, plena explotación, sobre explotada o en colapso. Es así como dependiendo del estado anterior, la autoridad debe adoptar medidas concretas tales como un programa de recuperación.
En el proceso de toma de decisiones se fortalece y da autonomía al IFOP, donde se reconoce su rol público como proveedor de investigación pesquera de carácter estratégico y se le exigen evaluaciones externas periódicas. De la misma manera, este debe publicar sus evaluaciones de stock, resultados de su investigación y bases de datos.
En el sector industrial una vez que los LMCA terminen su vigencia el 31/12/2012, los industriales podrán sustituirlos por Licencias Transables de Pesca (LTP clase A). Estas serán plenamente transferibles y divisibles, de duración indefinida y separadas de la nave. De esta forma, se adopta íntegramente la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia.
Sin embargo, el ministro recalcó que "lo peor en este sistema es tener licencias temporales, por eso el Tribunal recomendó que fueran indefinidas. Sin embargo, en la próxima sesión se discutirá si estas serán finitas o no".
En el caso del sector industrial, el proyecto contempla la licitación. Es así como las LTP clase A equivalen a los derechos históricos de los industriales, los que se pueden diluir hasta en un 15%, dando origen a LTP clase B. La licitación de hasta el 15% de las LTP clase A se gatilla cuando la pesquería esté "sana" y se encuentre en un nivel equivalente a al menos el 15% por debajo del nivel asociado a RMS (Pesquería "levemente" sobre explotada). Las LTP clase C son toneladas que se licitan por un año, cuando se exceda el nivel RMS (solo Pesquerías subexplotadas)
En el sector industrial también se aplicará una patente e impuesto específico. Esto quiere decir que se mantiene la patente en función del TRG de la nave y se elimina el aumento del 110% que contemplaba la Ley 19.713. En cuanto al impuesto específico, se aplica sobre las toneladas asignadas a cada dueño de LTP. Este considera un valor mínimo de 4,2% del valor de sanción, actualizado por Índice FAO, y puede variar en base a transacciones y/o licitaciones de LTP. Si en un año en particular la cuota total supera los desembarques totales en 50% o más, los dueños de LTP podrán acceder a un crédito por el 50% de lo integrado a arcas fiscales. La recaudación total entre patente e impuesto específico es similar a la existente de US$ 30 millones. En la medida en que se recuperen las pesquerías, aumentará la recaudación.
En el sector artesanal, en tanto, existirá mayor fraccionamiento artesanal/industrial, el cual se basa en un acuerdo histórico de la Mesa Pesquera convocada por el Ministerio de Economía. Este nuevo fraccionamiento representa un traspaso de US$ 34 millones anuales de los industriales a los artesanales durante los próximos 20 años. Esto llevará a un aumento a favor de los artesanales. A modo de ejemplo, la merluza del Sur, Canal de Chacao al 57°LS, se incrementará de 50% a 60%, el jurel, XV-X, de 5% a 10%, el congrio dorado, X-XII, de 20% a 50%, la sardina común, V-X, de 70% a 78%, y la anchoveta, V-X, de 56% a 78%.
Según lo informado por el ministro de Economía, el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo no genera desempleo. Sin embargo, hay ciertas modificaciones que podrían introducirse en el Congreso relativas a la pesca de arrastre y perforaciones, entre otras, que podrían generar desempleo. Para cautelar este posible escenario, se mantiene el Fondo de Administración Pesquera y se crean programas de reinserción laboral y becas de estudio por tres años, acciones de capacitación y programas de estudios técnicos superiores.
Finalmente, Longueira se refirió a la fiscalización Pesquera, donde se requerirá que las embarcaciones artesanales de más de 12 m certifiquen sus capturas e instalen un posicionador satelital. Se agregan sanciones administrativas para disuadir conductas no deseadas tales como extraer más de lo autorizado en aquellas pesquerías que operan bajo RAE. Es así como se crean cuatro subdirecciones para mejorar la gestión.
Próximos pasos
En relación a los siguientes pasos, Galilea explicó que el próximo martes 3 de julio, el Ejecutivo presentará indicaciones en relación con establecer los plazos de la entrada en vigor de nuevas exigencias como las patentes, las certificaciones y el uso de sistemas de posicionamiento satelital (GPS) para embarcaciones de más de 12 metros de eslora.
Ello con el objeto de establecer un ordenamiento gradual para presentar plazos lo suficientemente prudentes para incorporar estos cambios en el sector.
Es importante destacar que estas herramientas, como el uso de GPS y las certificaciones requeridas, podrán financiarse, eventualmente, con el pago de las patentes. La gradualidad de las aplicaciones de estas medidas estará relacionada con la región o zona y el tipo de pesquería.
Fuente: www.pescaldia.cl
Publicado el 26 de junio de 2012
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