Dirigentes y comunidad de Mississippi se reunieron el Diputado de Urresti por caso CELCO.
Le plantearon diversas aristas sobre un problema que afecta a toda una comunidad. Gobierno que no quiere hacer cumplir la ley, áreas de manejo que no se pueden ocupar, criminalización de personas y la ilegalidad de las organizaciones de pescadores que firmaron con CELCO.
Una reunión con carácter de urgente sostuvieron el sábado 12 de enero los dirigentes sociales que actualmente sostienen la defensa y la no instalación del ducto al Mar por parte de CELCO, junto con el Diputado Alfonso de Urresti, con el objetivo de que preste toda su cooperación a esta causa desde su posición como representante en el Congreso, con el objetivo de impedir que CELCO realice sus estudios para finalizar su EIA.
Dirigentes como Eliab Viguera, vocero del Comité de Defensa del Mar, Boris Hualme, dirigente de las comunidades indígenas, Marco Antonio Ide, Presidente de FIPASUR, Juan Santana, Presidente de los Tripulantes Cerqueros de Niebla; Janet Fierro y Juvenal Gallegos, dirigentes del Sindicato de Mississippi. Junto a ellos, estuvieron un centenar de personas, entre miembros de las comunidades lafkenches y pescadores artesanales, además de personas de Mehuín que no firmó los convenios, a pesar de pertenecer a los sindicatos involucrados en los contratos con CELCO. Estuvo presente también Ítalo Martínez, miembro del CORE que votó en contra del aumento de producción de celulosa y el concejal de Paillaco, José Aravena.
El primero en intervenir fue Eliab Viguera, vocero del Comité de Defensa del Mar, quien sostuvo que el Estado tiene los medios para hacer valer el Estado de Derecho para zanjar este problema. “El Gobierno tiene las herramientas legales para detener este conflicto, como por ejemplo, hacer cumplir la Ley de Pesca y Acuicultura, que norma las áreas de manejo”. Señaló que las áreas de manejo no son transferibles, puesto que son entregadas sólo a las organizaciones de pescadores, no a industrias o empresas.
Por su parte, Boris Hualme, dirigente de comunidades lafkenches de la zona, planteó que con la problemática indígena que los afecta, no se les está escuchando, por lo que es necesario reinformar a las autoridades en las instancias que correspondan, como la Comisión de Medio Ambiente o inclusive el Ministerio del Interior. “Es necesario que el Ministerio del Interior sepa que se han encontrado armas y existen grupos armados en Mehuín, por lo que es necesario aplicar el Estado de Derecho y que se investiguen esos hechos”, indicó.
Convenios firmados son ilegales
Marco Antonio Ide, Presidente de FIPASUR, planteó que hay un tema legal importante que no ha sido considerado en la discusión y se refiere a los contratos que firmó CELCO con las organizaciones. De acuerdo a su argumentación, las organizaciones sindicales dependen del Ministerio del Trabajo, y cuando una organización hace cualquier tipo de negocio, esos recursos ingresan al patrimonio de la organización, por lo que al ser organizaciones sociales, esos recursos no pueden repartirse entre los socios, como ha sido el caso de los contratos con CELCO. “Han existido varias irregularidades, como entregar cheques nominativos a cada uno de los socios, por lo tanto, pediremos la caducidad de las organizaciones que firmaron ese acuerdo. Eso es malversación, un delito, por el cual, los dirigentes deben ir a la cárcel” expresó Marco Ide.
Pescadores de la misma localidad además señalaron en sus intervenciones, que el accionar de Carabineros no ha sido imparcial, puesto que los funcionarios, al parecer estaría protegiendo a quienes amedrentan, con armas y vehículos, a personas de Mississippi que están contra el ducto.
Para reafirmar todas sus denuncias hicieron entrega de una carta, a nombre del Borde Costero en la defensa del Mar del territorio lafkenche al Diputado de Urresti, solicitándole que apoye y proteja desde su sillón parlamentario, la lucha de los pescadores artesanales y pueblos originarios en el borde costero de la región de los Ríos.
Al respecto, el Diputado de Urresti señaló que está en todo su ánimo, velar por que se cumpla la ley y que los funcionarios cumplan la ley. “Es necesario que la Subsecretaría de Pesca se pronuncie respecto de sus áreas de manejo. En la Cámara de Diputados yo intervine y le pedí al Fiscal Nacional, al General de Carabineros y al Ministerio del Interior información sobre esto. Los tribunales y la Inspección del Trabajo también tienen que hacer su trabajo. Yo he oficiado al Ministerio Público que haga su trabajo y es mi labor fiscalizar. Me consta que han dado la pelea sólo con sus manos sus herramientas, y si hay armas, debe investigarse”, puntualizó.
Destacó que esta comunidad es una comunidad pacífica que ha sido violentada por un conflicto externo, ante lo cual es necesario que se respeten los derechos adquiridos con anterioridad, porque aquí, se intenta criminalizar a mucha gente, sobretodo, personas de los pueblos originarios, por lo tanto, es necesario respetar esos derechos y debe haber una explicación de las armas, indicó.
Publicado el 13 de enero de 2008
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